En 2022, la Hacienda francesa puso a una inteligencia artificial a comparar las ortofotos del IGN con el catastro. Buscaba piscinas. Encontró 20.000 que nadie había declarado. Al año siguiente, con el sistema extendido a todo el país, encontró unas 140.000 y recuperó unos 40 millones de euros de impuesto inmobiliario para los municipios. Lo llamativo no es la cifra. Es que las fotos ya existían, el catastro ya existía y los municipios ya cobraban el impuesto. Lo único que faltaba era cruzarlos.

El catastro español en cifras

Conviene empezar por el tamaño del objeto. Según los datos de enero de 2026 publicados por la Dirección General del Catastro, España tiene 40.213.765 inmuebles urbanos repartidos en 14.139.797 parcelas urbanas, 38.720.439 parcelas rústicas y 7.226 inmuebles de características especiales (presas, autopistas, aeropuertos, centrales). Es una de las bases de datos territoriales más grandes de Europa, y una de las más abiertas: su cartografía vectorial se descarga libremente, se sirve por WMS y a través de los servicios INSPIRE, y la información alfanumérica no protegida se consulta sin coste.

Y se usa. Solo en 2025, la Sede Electrónica del Catastro emitió 19.373.981 certificados, atendió 290.567.490 consultas sobre datos no protegidos, 40.884.580 sobre datos protegidos y 756.598.793 consultas de cartografía. Más de 750 millones de peticiones de mapa en un año. Nadie puede decir que el dato no esté disponible.

El mapa administrativo es igual de grande. El INE cuenta 8.132 municipios. De ellos, 7.610 están en el ámbito competencial de la Dirección General del Catastro (el resto corresponde a los territorios forales, con catastros propios), y 4.987 tienen convenio de colaboración con ella. Dos de cada tres ayuntamientos del catastro estatal participan formalmente en su mantenimiento. Y sin embargo, en la mayoría de los casos el ayuntamiento no sabe qué hay en su término.

Lo que vale el dato: el IBI

No es una cuestión académica. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es el pilar de la hacienda municipal. Según la publicación "Haciendas Locales en cifras 2023" del Ministerio de Hacienda, el IBI supone el 46,8 % de los ingresos fiscales de las entidades locales, con una eficacia recaudatoria del 91,51 %. El Registro de Economistas Asesores Fiscales estima que en 2023 cada ciudadano pagó de media 705 euros en tributos locales, y que el IBI aporta dos tercios de lo que los ayuntamientos ingresan por impuestos.

El IBI se calcula sobre el valor catastral. El valor catastral se calcula sobre lo que el catastro cree que existe. Si en el catastro falta una planta, una piscina, un almacén o una nave entera, el ayuntamiento no solo deja de cobrar: no sabe que deja de cobrar. El error no aparece en ninguna lista de morosos porque, para el sistema, no hay nada que cobrar.

Lo que pasó cuando alguien miró: la regularización 2013–2017

Tenemos un experimento natural de lo que ocurre cuando se compara el catastro con la realidad. En 2013 el Ministerio de Hacienda lanzó el Procedimiento de Regularización Catastral, un barrido municipio a municipio, con ortofotos, inspección de campo y drones, para localizar construcciones no declaradas o declaradas de forma incorrecta. El propietario pagaba una tasa de 60 euros por inmueble regularizado y el nuevo valor catastral se aplicaba al IBI de los cuatro ejercicios no prescritos.

Los resultados, según las cifras del Ministerio recogidas por El Independiente en 2018, hablan por sí solos. Solo en 2017 se regularizaron unos 900.000 inmuebles, en torno a un tercio del objetivo de cinco años, con un horizonte de unos tres millones de construcciones. El Ministerio estimó que la cuota íntegra del IBI subió en 705 millones de euros en 2017 por efecto del plan, más unos 40 millones en IRPF por rentas inmobiliarias imputadas. El plan se financiaba con la tasa: coste declarado, cero. Y el rendimiento equivalía a alrededor de un 5 % de la recaudación anual del IBI.

Madrid es un buen ejemplo a escala. Entre abril de 2016 y julio de 2017, el procedimiento regularizó 35.293 inmuebles en la capital a través de 14.907 expedientes, con un incremento de IBI de 13.139.823 euros para el periodo 2013–2017. Lo interesante es de dónde salía el dinero: el 84,7 % procedía de ampliaciones y reformas en hoteles, oficinas y edificios comerciales; el 11,4 %, de piscinas; solo el 3,9 % era obra nueva. No eran chalets ilegales. Eran edificios conocidos cuya descripción se había quedado vieja.

Ese es el patrón que se repite. El dato no falta. El dato caduca. La ciudad cambia y la base de datos describe la ciudad de hace quince años.

Cómo lo hacen otros

Francia tomó el camino de la detección. El proyecto "foncier innovant" de la DGFiP cruza las ortofotos del Instituto Geográfico Nacional con el plano catastral mediante aprendizaje automático. Tras el piloto de 2022 (20.000 piscinas, unos 10 millones de euros), el sistema se generalizó en 2023 a todo el territorio: unas 140.000 piscinas no declaradas y unos 40 millones de euros de impuesto inmobiliario adicionales para municipios e intercomunalidades. Cada detección la valida un funcionario antes de notificarla, y la propia administración reconoce que el sistema "tiene vocación de extenderse a otras construcciones no declaradas". No todo es perfecto: un sindicato de la DGFiP en Bouches-du-Rhône sostiene que la tasa de error del algoritmo supera el 30 % y que confunde piscinas desmontables con obra fija. Es una crítica razonable, y por eso valida un humano. Pero el punto de partida es el correcto: comparar sistemáticamente lo que hay con lo que consta.

Países Bajos tomó el camino de la integración. Su sistema de registros básicos (basisregistraties) funciona con un principio que cabe en cuatro palabras: recoger una vez, usar muchas. Edificios y direcciones (BAG), parcelas y derechos (BRK), cartografía a gran escala (BGT), valoración fiscal (WOZ) y topografía (BRT) son registros distintos, con custodios distintos, pero cualquier administración pública está obligada a usarlos y están enlazados entre sí. Una misma vivienda de Arnhem aparece con su dirección, su parcela catastral, su calificación urbanística, su certificado energético y su valor fiscal, cada dato en su registro de origen y todos coherentes. El propio Kadaster reconoce el problema de fondo: quien paga la recogida del dato no siempre es quien recibe el beneficio. Esa es, exactamente, la razón por la que en España los datos existen y no se cruzan.

El problema no es que falten datos

Un ayuntamiento español medio tiene, en distintas carpetas, el catastro (de la DGC), el padrón de habitantes, el censo de titulares de sus tributos, los expedientes de licencias de obra, el inventario de vías y el planeamiento. Cada uno lo mantiene una unidad distinta, en un formato distinto, con un identificador distinto. La referencia catastral de un edificio, su dirección postal y el sujeto pasivo del recibo del IBI deberían ser tres vistas de la misma cosa. En la práctica no coinciden, y nadie tiene como tarea que coincidan.

Por eso la pregunta útil no es "¿cuántos inmuebles no están en el catastro?" sino "¿cuántos inmuebles están descritos de forma distinta en cada base de datos del ayuntamiento?". La primera la responde el Estado cada pocos años con un plan de regularización. La segunda la tiene que responder el propio ayuntamiento, y de forma continua, porque la ciudad no deja de cambiar entre regularización y regularización.

Lo que hacemos nosotros con esto

En Azimutal llevamos años trabajando para el Catastro en cartografía, revisión parcelaria y regularización. Conocemos el formato, los procedimientos y los sitios donde el dato se desvía de la realidad. De ahí nace TaxMap, nuestra herramienta de gestión tributaria municipal. La idea es deliberadamente poco espectacular: el ayuntamiento conecta sus bases de datos en el formato que ya tiene; TaxMap las normaliza, cruza las capas (catastro, padrón, titularidades, expedientes) y las muestra en un dashboard modular. El resultado es una lista de inconsistencias técnicas y tributarias con nombre y referencia catastral: construcciones que figuran en una licencia y no en el catastro, recibos sin sujeto pasivo localizable, superficies que no cuadran entre fuentes. Está en uso por clientes y en comercialización.

A partir de los trabajos de la Fundación COTEC y de la AIReF sobre eficiencia de la administración local, nosotros estimamos que entre el 10 y el 15 % de la recaudación local se pierde por ineficiencia. Es una estimación nuestra, no una cifra oficial. Pero la regularización de 2013–2017 ya demostró que solo con comparar el catastro con la ortofoto se recuperaba un 5 % del IBI. Cruzar además el padrón, las licencias y las titularidades es la mitad del trabajo que nadie ha hecho todavía.

Francia necesitó una inteligencia artificial para encontrar 140.000 piscinas. En España el reto no es ese. Es que un ayuntamiento pueda mirar un edificio de su calle y ver, en la misma pantalla, lo que dice el catastro, lo que dice su licencia y lo que dice su recibo. Lo que no se cruza no existe, y lo que no existe no se recauda.

Fuentes